Las ayudas para la compra de vehículos con combustibles alternativos se pueden pedir desde diciembre y hasta junio

El plazo para solicitar las ayudas para la adquisición de vehículos de combustibles alternativos, Plan Movalt, comienza este mismo mes y concluirá el 30 de junio de 2018.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el extracto de la resolución del 21 de noviembre del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) -la entidad dependiente del Ministerio de Energía que gestionará las ayudas-, por la que se establece la convocatoria del Plan Movalt y sus posibles beneficiarios y requisitos.

Según la resolución publicada, el plazo de presentación de solicitudes comenzará cuando la activación del sistema telemático de gestión de ayudas sea “convenientemente notificada en fecha y hora por el IDAE a los concesionarios adheridos a la convocatoria”, y durará hasta el 30 de junio del próximo año.

En el mismo documento se establece que el presupuesto para la financiación de la convocatoria del programa asciende a 20 millones de euros, provenientes de una partida de los presupuestos generales del Estado para este año.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los profesionales autónomos, las personas físicas mayores de edad residentes en España, las empresas privadas, y otros tipos de personas jurídicas con un Número de Identificación Fiscal (NIF) que comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.

También podrán solicitarlas las entidades locales, las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades públicas vinculadas o dependientes de ambas.

Sin embargo, no podrán ser beneficiarios los puntos de venta de vehículos ni los concesionarios cuyo epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas sea 615.1 o 654.1, según se especifica en el BOE.

Como requisito, se establece que el beneficiario de las ayudas deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento tanto de sus obligaciones tributarias como frente a la Seguridad Social en el momento de concesión, así como no tener pendiente obligación alguna por reintegro de ayudas con la Administración General del Estado y sus organismos y entidades públicas dependientes o vinculados.

. Por Mayte Rodríguez López